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EDITORIAL

by Nelson Antonio Feliz
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Apoyemos el Censo Nacional

El Décimo Censo Nacional de Población y Familia se realizará del 10 al 23 de este mes con la finalidad de levantar estadísticas sobre los habitantes, las viviendas y los hogares de todas las personas residentes en el país, con énfasis en temas socioeconómicos y demográficos de la población, lo que representa un aporte esencial para la planificación de políticas públicas y de desarrollo integral.

Más de 35 mil empadronadores recabarán informaciones que ayudarán a actualizar datos estructurales sobre la sociedad dominicana que sirven de base a la planificación nacional en términos de diseños de políticas económicas, sociales democráticas, sanitarias, educativas, asistenciales y medioambientales.

Ese censo debió realizarse en 2020, de conformidad con la ley 5096, pero fue pospuesto a causa de la pandemia del Covid 19, por lo que resulta imperativo que la sociedad ofrezca todo su respaldo a tan trascendente iniciativa a cargo de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Organizaciones políticas y sociales erróneamente han llamado a un boicot contra la realización del Censo Nacional bajo el alegato de que se tramaría legalizar el estatus migratorio de miles de indocumentados haitianos, a través del uso conveniente de los formularios de preguntas que usarían los empadronadores.

Sin emitir juicio de valor sobre la imposibilidad de que tal irregularidad llegue a materializarse, lo prudente sería que quienes formulan tan grave denuncia presenten ante los tribunales las pruebas o evidencias que sustentan, a los fines de que si es de lugar, se corrija la anomalía.

La nación dominicana requiere con urgencia actualizar sus estadísticas respecto al número de habitantes, segregado también por sexo, edad, residencia rural o urbana, la cantidad que estudia o trabaja, las características de los hogares y de la familia, cantidad de vivienda propia o en alquiler, tipos de inmuebles, etcétera.

Todos los dominicanos y extranjeros residentes están en deber cívico y obligación jurídica de abrir sus puertas al empadronador debidamente identificado y responder con eficiencia y eficacia las preguntas contenidas en el formulario del Censo. Para que queden despejadas o actualizadas las interrogantes del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué.

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