El Colegio Bilingüe New Horizons, ubicado en el sector Bella Vista, en el Distrito Nacional, se encuentra en medio de un proceso judicial que puede conllevar su desaparición o mudanza.

La institución corre el riesgo de perder las edificaciones donde opera en la actualidad, compuestas por seis inmuebles, sobre los cuales pesa un embargo cuya ejecución solo está pendiente de la decisión de una corte con relación a un último recurso legal interpuesto para evitar su subasta pública.

Una sentencia por daños y perjuicios del año 2015 de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, le ordenaba pagar a New Horizons, en favor de las empresas constructora Sididom y Soluciones Integrales para Desarrollos Inmobiliarios Dominicana, la suma de 12.2 millones de pesos y 195,684 dólares.

Pero, a pesar de contar con otras dos sentencias definitivas a su favor, incluyendo una del Tribunal Constitucional, las empresas afectadas no han recibido el pago ordenado por los jueces y, 10 años después, el proceso continúa siendo incidentado por los representantes legales del centro educativo.

El último de los incidentes corresponde a una recusación al juez que conoce el embargo, a quien el colegio acusa de tener vínculos con las compañías y de actuar a su favor, de ahí que, reclama se le asigne un nuevo magistrado.

Fauntly Reynaldo Garrido, gerente de New Horizons, garantizó que este año escolar y los siguientes seguirán con normalidad, pese a la litis que enfrenta con las constructoras.

Las constructoras

Mientras, desde las empresas Sididom y Soluciones Integrales para Desarrollos Inmobiliarios Dominicana, explicaron que el proceso judicial es producto de acciones temerarias realizadas por el colegio en su contra, debido a que construirían, en los terrenos de un inmueble colindante, un complejo residencial de 15 pisos, para lo cual cumplieron con todo el proceso de permisología.

“Hicieron una serie de acciones para impedir y obstaculizar el proyecto, notificando incluso a bancos para obstaculizar el financiamiento e impugnaron los permisos. Se evidenció que todo esto era porque ellos querían comprar ese inmueble y no querían que se realizara el proyecto. Lo condenaron y se volvió definitiva la sentencia”, revelaron desde las constructoras al ser consultados.

“No hay ninguna negociación y ellos se están arriesgando a que en una venta de pública subasta pierdan el terreno donde está el colegio”
Empresas constructoras