Residentes del sector Los Mina, junto a miembros de la organización Antigua Orden Dominicana, se movilizaron este domingo en una marcha para exigir justicia por el asesinato del adolescente de 14 años, Naurel Nizael Medina, ocurrido el pasado 4 de febrero en el barrio Katanga, municipio Santo Domingo Este.

Durante la manifestación, que recorrió diversas calles hasta llegar a la residencia de la familia de la víctima en la calle 52 de Katanga, los manifestantes expresaron su indignación ante el crimen, atribuido a ciudadanos haitianos, y denunciaron lo que califican como una “invasión” en el territorio dominicano.

Plazo a las autoridades

El líder de la Antigua Orden Dominicana, Ángelo Vásquez, lanzó un ultimátum a las autoridades migratorias: “Damos un plazo de 10 días para sacar a los haitianos que se encuentren en territorio dominicano. De lo contrario, iremos directamente a los distintos sectores a sacarlos nosotros mismos”, advirtió Vásquez.

Clamor de justicia de la familia

Víctor Medina, padre del menor fallecido, lideró la caminata asegurando que su lucha no cesará hasta obtener respuestas claras. “Que los saquen a todos. Quieren dominar nuestro país y tenemos que defenderlo con sangre si es necesario”, manifestó con dolor.

Por su parte, Nazaury Medina, hermana del adolescente, vinculó directamente el suceso con la situación migratoria: “Si no estuviésemos invadidos por los haitianos, mi hermano estaría vivo”.

La familia hizo un llamado directo a la Policía Nacional, el Ejército de la República y la Dirección General de Migración para capturar a los responsables materiales del hecho.

Exigencia al Gobierno Central

Carmen Delgado, integrante de la Antigua Orden, instó al presidente Luis Abinader a endurecer las políticas de frontera y acelerar las deportaciones masivas.

“Queremos justicia y que los haitianos salgan ya del país; de lo contrario, terminarán destruyendo nuestro territorio”, señaló Delgado.

La marcha concluyó de forma pacífica pero enérgica, con la advertencia de que la comunidad de Los Mina se mantendrá en sesión permanente hasta que se cumplan sus demandas de seguridad y control migratorio.