Por BARBARA ORTUTAY

Las empresas de redes sociales, entre ellas Meta, han llegado a un acuerdo en la primera de muchas demandas presentadas por cientos de distritos escolares que buscan una compensación por los costos que, según afirman, incurrieron al lidiar con los daños a la salud mental de los niños derivados de la adicción a las redes sociales.

La demanda interpuesta por un pequeño distrito escolar rural de Kentucky iba a ser juzgada el próximo mes en un tribunal federal de Oakland, California.

El juez y las partes la seleccionaron como caso piloto —una especie de prueba para que ambas partes vieran cómo se desenvolvían sus argumentos ante un jurado— entre 1200 casos similares.

El acuerdo solo se aplica al distrito escolar del condado de Breathitt.

Meta llegó a un acuerdo con el distrito el jueves, tras los acuerdos alcanzados a principios de esta semana con los otros acusados ​​en el caso: TikTok, Snap y YouTube de Google.

No se dieron a conocer los términos financieros de los acuerdos. El distrito escolar había solicitado más de 60 millones de dólares para crear un programa de 15 años que, según afirmó, ayudaría a contrarrestar los problemas de salud mental y de aprendizaje causados ​​por las redes sociales.

Los abogados de los demandantes declararon en un comunicado que su “prioridad sigue siendo buscar justicia para los 1.200 distritos escolares restantes que han presentado demandas”.

Este acuerdo se produce tras las derrotas judiciales sufridas a principios de este año por Meta y YouTube en demandas por daños causados ​​por las redes sociales en California y Nuevo México.

En marzo, Meta y YouTube fueron declarados responsables por diseñar funciones adictivas tras un juicio en Los Ángeles.

La demandante , conocida por sus iniciales KGM, alegó que se volvió adicta a las redes sociales en su infancia y que esto agravó sus problemas de salud mental.

Un jurado falló a su favor y le otorgó una indemnización de aproximadamente 6 millones de dólares.

En Nuevo México, un jurado determinó que Meta perjudica la salud mental y la seguridad de los niños, en violación de la ley estatal.