“Puerto Rico no es un laboratorio donde puedan poner a prueba hasta dónde son capaces de recortar nuestros derechos”, afirmó Camille Rivera

Por Marielis Acevedo Irizarry

NUEVA YORK – “La Brega y Fuerza en Acción” catalogó como “racista” el proyecto de ley presentado por el congresista republicano Morgan Griffith para limitar la ciudadanía por nacimiento en territorios de Estados Unidos como Puerto Rico.

En un comunicado este miércoles, la organización con sede en NY consideró que, a través de “End Birthright Citizenship for the Territories Act” o “Ley para Poner Fin a la Ciudadanía por Derecho de Nacimiento en los Territorios”, se busca usar a estas jurisdicciones como “laboratorio” y poner a prueba los derechos de sus residentes.

“Tras fracasar en su intento de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento ante el Tribunal Supremo de EE.UU., (Donald) Trump y los republicanos buscan otra manera de despojar a millones de personas de sus derechos. Puerto Rico no es un laboratorio donde puedan poner a prueba hasta dónde son capaces de recortar nuestros derechos.

El congresista Morgan Griffith dejó clara la postura del Partido Republicano: creen que pueden decidir, según les convenga, qué derechos les corresponden a los ciudadanos estadounidenses que viven en territorios como Puerto Rico.

Este proyecto pretende aprovechar la condición colonial de la isla para crear una categoría permanente de ciudadanos con menos derechos”, afirmó Camille Rivera, fundadora de La Brega y Fuerza en Acción.

La entidad que, entre otras cosas promueve el voto entre la comunidad puertorriqueña en los estados, alertó que este tipo de esfuerzos podría tener un impacto a nivel electoral ante la cercanía de la consulta de medio término.

“La diáspora puertorriqueña cuenta con cerca de cuatro millones de votantes inscritos, gran parte de ellos en estados que serán decisivos en las elecciones de 2026 y 2028.

Los republicanos se equivocan si creen que las familias puertorriqueñas permanecerán calladas mientras la Administración Trump intenta debilitar la ciudadanía por derecho de nacimiento y desmantelar las protecciones de la Decimocuarta Enmienda (de la Constitución).

Este ataque racista tendrá consecuencias en las urnas”, agregó la activista, quien además lidera la firma de asesoría política New Deal Strategies.

Según la estratega progresista, el H.R. 9724 se basa en la jurisprudencia de corte racista de la Corte Suprema federal conocida como “Casos Insulares”.

“Los puertorriqueños somos ciudadanos estadounidenses. Punto. Este proyecto de ley se ampara en el legado racista de los Casos Insulares para negarles la ciudadanía a personas nacidas en Puerto Rico por el estatus migratorio de sus padres, creando así una nueva generación de ciudadanos de segunda clase.

Después de una década bajo PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) y una Junta que ha impuesto austeridad sin representación democrática, los republicanos en Washington vuelven a tratar a Puerto Rico como una colonia y a los puertorriqueños como súbditos, no como ciudadanos.
No permitiremos que hagan retroceder a Puerto Rico ni que condenen a las futuras generaciones a tener menos derechos por haber nacido en nuestra isla”, puntualizó Rivera.

El texto de la propuesta de ley introducida el pasado 16 de julio por el representante de Virginia indica que la misma busca “clarificar” las normas sobre ciudadanía por nacimiento para las personas nacidas en los territorios y “reserva expresamente ese derecho a hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales”.

El Diario contactó esta semana a la oficina de prensa de Griffith para indagar sobre el alcance de la medida.

En declaraciones escritas, el representante defendió la iniciativa bajo el argumento de que busca acabar con el abuso a ese privilegio.

“Ojalá pudiéramos reformar las leyes de ciudadanía por derecho de nacimiento en todo EE.UU. Las reformas a la ciudadanía por derecho de nacimiento benefician a todos los ciudadanos estadounidenses, incluidos los de los territorios de EE. UU., al limitar los privilegios de la ciudadanía a los ciudadanos estadounidenses, a los residentes permanentes legales y a sus descendientes”, declaró el político.

El congresista basó su argumento en un supuesto auge en el “turismo de parto” o de nacimiento registrado en territorios como las Islas Marianas del Norte por parte de migrantes chinos.

“El pueblo de EE.UU., incluidos los territorios, no merece ser objeto de abusos por parte de ciudadanos extranjeros inescrupulosos que no respetan las leyes de inmigración estadounidenses. Peor aún son aquellos que vienen a EE. UU. para tener a sus hijos sin intención alguna de criarlos para que formen parte del tejido social estadounidense; tal es el caso de los ciudadanos de la República Popular China que viajan en avión a Guam o a las Islas Marianas del Norte para tener a su ‘bebé estadounidense’ y luego regresan a China para criar a estos ‘ciudadanos estadounidenses’ dentro de la China comunista”, consideró el republicano.

El comunicado en el que se anunció la medida se resaltó que la decisión en el caso “‘Trump v. Barbara’ no abordó ni cuestionó ninguna de las leyes basadas en los Casos Insulares.

Los Casos Insulares fueron una serie de decisiones que tomó la Corte Suprema el siglo pasado bajo la que se estableció un marco legal que legitima la gobernanza desigual hacia los territorios adquiridos por EE.UU. después del 1898.

Los Casos Insulares definieron y diferenciaron entre “territorio incorporado” y “territorio no incorporado” y se le consideran la justificación legal para tratar a los ciudadanos en territorios como Puerto Rico de manera discriminatoria.

Bajo la jurisprudencia del Supremo, a los habitantes de los territorios no incorporados no se le garantizan los mismos derechos constitucionales que a los de los incorporados.

El borrador de la ley de Griffith añade que, con base en esas decisiones de la Corte Suprema, “el Congreso tiene la facultad de legislar con respecto a los territorios de los EE.UU., incluido el estatus de ciudadanía”.

Expertos legales que velan por los derechos de los habitantes en los territorios han alertado que la falta de precisión en el texto de la medida deja la puerta abierta para una limitación más amplia de la ciudadanía por nacimiento en las referidas demarcaciones.

Fuente Eldiariony