SANTO DOMINGO, D. N. — El senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista, sometió hoy formalmente ante el Senado de la República el proyecto de Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Mercancías y Bienes Producidas Mediante Trabajo Forzoso.

La iniciativa surge como la vía legal idónea para que la República Dominicana negocie ante el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) la reducción del arancel adicional impuesto bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El legislador busca igualar las condiciones arancelarias del país con competidores regionales que ya disfrutan de una tasa del 10 % en lugar del 12.5 % aplicado al mercado local por carecer de una normativa prohibitiva vinculante.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el legislador, la unificación arancelaria permitiría al sector exportador dominicano un ahorro anual de hasta 182 millones de dólares (equivalentes a más de 10 mil 920 millones de pesos).

Este alivio financiero impactaría de manera directa y positiva en sectores estratégicos de la economía nacional, tales como los fabricantes de dispositivos médicos y farmacéuticos, la industria del tabaco y puros, la agroindustria, los centros de contacto (call centers), las bebidas alcohólicas, el sector de plásticos y la industria del calzado.

Frente a la urgencia de este escenario, Bautista solicitó formalmente al mandatario Luis Abinader, en su calidad de presidente del partido oficialista, instruir a su bancada mayoritaria para agilizar la aprobación de esta ley.

El senador argumentó que la actual brecha arancelaria de 2.5 puntos porcentuales representa un riesgo inminente para la competitividad y la estabilidad laboral del sector de zonas francas.

Puso como ejemplo las 40 empresas criollas que producen dispositivos médicos y farmacéuticos, las cuales exportaron a territorio estadounidense el 72.2 % de su producción durante el año 2025.

Al verse obligadas a tributar un 12.5 % frente al 10 % que abona México por mercancías idénticas, se genera un incentivo adverso que podría provocar la migración de estas inversiones hacia naciones con menores costos de exportación, afectando el ingreso de divisas y destruyendo empleos locales.

Bautista aclaró que la penalización que hoy sufre la República Dominicana no constituye un castigo permanente, sino una condición técnica reversible mediante un instrumento jurídico robusto.

Detalló que la Oficina del USTR dividió a los socios comerciales según la existencia y aplicación eficaz de leyes aduaneras vinculantes contra el trabajo forzoso, estándares que El Salvador, Guatemala, Honduras y México adoptaron con éxito, y que Malasia alcanzó tras profundas auditorías.

Advirtió que, si bien el Poder Ejecutivo dominicano emitió el Decreto núm. 502-26 el pasado 23 de julio de 2026 como una medida administrativa de transición, este esfuerzo es insuficiente para cumplir con las exigencias internacionales de rango legal.

El robusto proyecto legislativo introducido regula la trazabilidad de las cadenas de suministro y confiere a la Dirección General de Aduanas (DGA) la potestad para emitir prohibiciones, utilizando al Ministerio de Trabajo como brazo técnico evaluador.

La normativa establece que los importadores deberán presentar una declaración jurada en la Declaración Única Aduanera (DUA) y fija plazos administrativos estrictos de hasta 90 días laborables para resolver los casos.

Asimismo, instituye un régimen sancionador estricto para declaraciones falsas, con multas que oscilan entre 5 y 100 salarios mínimos del sector público, además de la suspensión temporal del registro de importador por reincidencia o faltas graves.

La pieza contempla también mecanismos de resguardo y remediación, obligando a la creación de un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso accesible en línea, blindando la identidad de las víctimas de explotación y la información comercial confidencial.

Además, instaura un proceso formal de revisión que permitirá levantar las restricciones aduaneras a las empresas infractoras una vez se acredite fehacientemente el cese del trabajo forzoso, la reparación integral de los afectados y la ejecución de medidas institucionales de no repetición en sus operaciones de suministro.

Finalmente, el senador Félix Bautista anunció que mantendrá un seguimiento riguroso del proyecto en las comisiones del Congreso Nacional y que iniciará de inmediato una ronda de consultas con los sectores productivos y las zonas francas.

De igual manera, coordinará mesas de trabajo con las autoridades del Poder Ejecutivo vinculadas al comercio exterior, incluyendo al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Aduanas, con el objetivo de dotar al Estado dominicano de la herramienta legal que le permita acceder a la tasa arancelaria preferencial en el menor tiempo posible.