Por Dayvi López Vargas

El asesinato de las hermanas Mirabal es probablemente el crimen con mayor repercusión histórica, política y social de toda la historia del siglo XX dominicano.

Uno de los elementos que ocasionó mayor impacto fue la muerte de tres mujeres. Desde las épocas de la Independencia e incluso durante la invasión de Estados Unidos al país, no se registra un hecho de características similares.

Tampoco, dentro de toda la Era de Trujillo, se había producido un asesinato de mujeres con la repercusión que tendría posteriormente el de las hermanas Mirabal.

Esto trae serias sospechas y obliga a preguntarnos si, a esas alturas, Trujillo habría tomado personalmente la decisión de ordenar un crimen de semejante magnitud.

¿Por qué dejó vivo a los lideres de los movimientos que los tenía en sus manos?

Si bien las hermanas Mirabal eran una amenaza para Trujillo y estuvieron involucradas en actividades de resistencia contra la dictadura, incluyendo, según relatos y testimonios históricos, intentos de colocar artefactos explosivos con el propósito de atentar contra el dictador en lugares como la actual avenida Máximo Gómez o la Feria Ganadera, debemos analizar los hechos y determinar quién tuvo realmente el poder para ordenar y ejecutar una operación de ese nivel.

Podemos estar seguros de que, para cometerse una acción de esa naturaleza desde el aparato represivo del régimen, había que contar con la autorización de las más altas instancias de la dictadura.

La responsabilidad política de Trujillo ha sido ampliamente señalada por la historiografía. Pero eso no necesariamente responde por sí solo a la pregunta de quién fue el verdadero autor intelectual o quién pudo haber diseñado una operación de mayores dimensiones.

Podemos irnos más lejos y preguntarnos por qué ninguno de los culpables fue sometido a una investigación internacional de la magnitud que merecía el crimen, ni se produjo una solicitud de extradición contra quienes pudieran haber tenido responsabilidades superiores, durante los gobiernos posteriores a la dictadura: el profesor Juan Bosch, el Triunvirato, el doctor Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y nuevamente Leonel Fernández, entre otros.

Los culpables físicos terminaron muriendo sin enfrentar una condena proporcional a la magnitud del crimen. Algunos incluso murieron en sus camas en Miami, Estados Unidos. 

El principal sospechoso intelectual que aquí planteamos como hipótesis también murió. Para nadie es un secreto que el presidente Donald Trump ha realizado fuertes críticas contra el FBI y ha calificado públicamente a su exdirector James Comey en términos extremadamente duros.

Esto no demuestra ninguna relación con los acontecimientos de 1960, pero sí vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la actuación histórica de determinadas instituciones de seguridad estadounidenses.

Siendo más precisos, según el escritor George Morató, quien afirmó haber tenido una relación muy cercana con Trujillo, incluso describiéndola como la de un hijo, habría manifestado, refiriéndose al asesinato de las Mirabal:

“Hoy con la distancia que da el tiempo, puedo decirlo sin miedo, fue una arquitectura precisa, fría, diseñada por John Edgar Hoover; fue el arquitecto. Los demás, simples peones”.

La cita es atribuida a su obra Lágrimas de un niño, página 117. Esta afirmación debe ser considerada un testimonio o alegación atribuida a Morató y requiere ser contrastada documentalmente antes de presentarla como un hecho histórico probado.

Debemos recordar que J. Edgar Hoover fue una de las figuras más poderosas de la historia del aparato de seguridad estadounidense. Fue director del Bureau of Investigation y posteriormente del Federal Bureau of Investigation (FBI), institución que dirigió durante casi cinco décadas, desde 1924 hasta su muerte en 1972, a los 77 años.

Las fuentes históricas y documentos desclasificados de estas organizaciones, fechados alrededor del 15 de noviembre de 1960, señalan que el régimen habría ordenado el asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, junto con Rufino de la Cruz, el 25 de noviembre de 1960.

Sin embargo, surge una pregunta fundamental:

¿Cómo pudieron saberlo?

¿Por qué, si esa información existía antes del crimen, no hicieron nada?

¿Existió algún tipo de comunicación entre el FBI y el régimen de Trujillo?

¿Hubo una orden, una advertencia, una omisión deliberada o qué podría explicar semejante misterio?

El FBI tenía un interés importante en los asuntos de Trujillo. El caso de Jesús de Galíndez, quien había trabajado como informante del FBI y la CIA, y su desaparición en 1956 provocaron una investigación estadounidense que apuntó hacia el régimen de Trujillo.

Además, documentos históricos muestran que Hoover recibía y transmitía información sobre dirigentes y acontecimientos políticos dominicanos.

El contexto geopolítico era extraordinariamente complejo en 1960. Se había producido el atentado contra Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, y las relaciones entre Washington y Trujillo se deterioraban rápidamente.

En abril de 1960, la CIA ya describía la situación del régimen de Trujillo como precaria, hablaba de arrestos masivos y de conspiraciones revolucionarias para derrocarlo.

Por eso debemos formular una pregunta que hasta ahora no ha recibido una respuesta definitiva:

¿El FBI recibió información sobre la orden de Trujillo entre el 15 y el 25 de noviembre de 1960 y, en caso afirmativo, qué hizo J. Edgar Hoover con esa información?

Esto es importante porque un informe estadounidense podría describir una operación represiva sin mencionar necesariamente el apellido Mirabal. Podría referirse al SIM, a opositores políticos, prisioneros, conspiradores o a una operación contra elementos de la resistencia.

El 25 de noviembre de 1960 fue una fecha que no solo estremeció a la República Dominicana, sino al mundo.

Décadas después, esta fecha fue adoptada por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Pero existe otro aspecto que consideramos fundamental: junto a las tres hermanas Mirabal fue asesinado Rufino de la Cruz. Por eso, aunque el crimen se haya convertido en un símbolo mundial de la violencia contra la mujer, no podemos permitir que Rufino sea sacado de la historia. 

Él también fue víctima del mismo operativo y su asesinato forma parte inseparable de este crimen.

Por ello solicitamos:

Primero: en vista de las fuertes críticas que el presidente Donald Trump ha expresado sobre determinadas instituciones de seguridad estadounidenses, que se solicite a la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, por los canales diplomáticos correspondientes, la desclasificación y entrega de los documentos de la época relacionados con J. Edgar Hoover, el FBI, la CIA, Rafael Leónidas Trujillo, el SIM, las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz.

Segundo: que se investigue específicamente qué información poseían las agencias estadounidenses antes del 25 de noviembre de 1960, qué información recibieron después del crimen y quiénes dentro de esas instituciones tuvieron acceso a ella.

Tercero: en dado caso de existir complicidad estadounidense o de demostrarse documentalmente que el exdirector del FBI J. Edgar Hoover fue autor intelectual, que se produzca un reconocimiento y un perdón público al pueblo dominicano.

Porque, de comprobarse una participación externa en la planificación del crimen, no estaríamos únicamente ante un caso de violencia contra la mujer. De hecho, no fueron solamente mujeres las víctimas: junto a ellas fue asesinado Rufino de la Cruz.

Estaríamos entonces ante un crimen político de enormes dimensiones y, dependiendo de lo que revelaran los documentos, ante actos que podrían ser analizados desde la perspectiva del terrorismo de Estado o del terrorismo político.

La historia no puede construirse solamente con las versiones que sobrevivieron al paso del tiempo. Los archivos todavía pueden tener respuestas. Y si realmente no hubo participación de Hoover ni del FBI, entonces que los documentos lo demuestren. Porque la mejor manera de defender la memoria de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz no es proteger una versión: es buscar la verdad.

Dayvi López Vargas
Flanco Nacionalista