SANTO DOMINGO, RD.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la investigación de la Operación Cobra 2.0-A está sustentada en 706 medios de prueba y señaló que al menos 13 de los imputados admitieron los hechos que se les atribuyen durante la audiencia de solicitud de medidas de coerción.

Camacho sostuvo que las admisiones, junto con las evidencias presentadas por el órgano persecutor, constituyen elementos que, a juicio del Ministerio Público, demuestran la fortaleza de la investigación contra la estructura señalada de sustraer fondos públicos mediante operaciones vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Entre los imputados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

El Ministerio Público mantiene su solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.

En cambio, el órgano acusador solicitó arresto domiciliario para Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo, alegando que estos imputados admitieron los hechos y han colaborado con la investigación.

El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para el domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.

Durante la audiencia, Camacho rechazó los argumentos de algunas defensas y sostuvo que documentos como certificados académicos no son suficientes para descartar el peligro de fuga ni otros presupuestos considerados por el Ministerio Público.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, afirmó además que el proceso protege el derecho fundamental a la salud y no se limita a determinar cuánto dinero habría recibido cada imputado.

Ortiz explicó que la investigación continúa abierta y que parte de los montos bajo investigación presuntamente habrían sido entregados en efectivo, por lo que su existencia puede ser acreditada mediante diferentes tipos de evidencias.

La Operación Cobra 2.0-A constituye una segunda etapa de las investigaciones iniciadas con la Operación Cobra, y el Ministerio Público sostiene que busca establecer responsabilidades penales y recuperar recursos que, según la acusación, fueron sustraídos al Estado dominicano.