SANTO DOMINGO.=. La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) advirtió que derogar el Decreto 693-24 sin una estrategia simultánea pone en riesgo la supervivencia del sector arrocero y la seguridad alimentaria nacional.

El presidente del gremio, agrónomo Tito Hernández, afirmó que no hay igualdad de condiciones frente a una agricultura estadounidense de enorme escala, altamente mecanizada y respaldada por mecanismos de protección estatal.

“Derogar el decreto sin un plan alternativo es decretar la muerte del sector arrocero dominicano. Estamos poniendo a competir dos agriculturas profundamente desiguales”, afirmó.

La ANPA señaló que en Estados Unidos unos 5,500 productores cultivan entre 15 y 18 millones de tareas, con promedio de 3,000 tareas por productor.

En República Dominicana, unos 30,000 productores cultivan 2.8 a 3 millones de tareas, con promedio de 100 tareas.

En reforma agraria, alrededor de 50 tareas.

A la diferencia de escala se suman programas de compensación por caída de precios, financiamiento, seguros subsidiados y otros respaldos que reciben agricultores estadounidenses.

“No podemos mandar a un productor de 50 o 100 tareas a competir desprotegido contra productores de miles de tareas con poderosa estructura de apoyo”, sostuvo Hernández.

Recordó que el país tuvo 20 años para preparar su agricultura ante la apertura del DR-CAFTA y las administraciones no hicieron transformaciones profundas para reducir costos y elevar competitividad.

Hernández advirtió que el problema no termina en el arroz.

“Hoy es el arroz y mañana pueden ser otros alimentos. Si sustituimos producción porque es más barato importar, podemos perder capacidad de producir alimentos y aumentar dependencia exterior”, dijo.

Reclamó al Gobierno definir urgente estrategia nacional de protección y transformación que incluya financiamiento competitivo, seguros, mecanización, tecnología, fortalecimiento de la pignoración, infraestructura y reducción de costos.

“Defender el arroz dominicano no es defender solo a 30 mil productores. Es defender nuestra producción agropecuaria y el derecho a garantizar nuestra seguridad alimentaria”, concluyó.