Por Bolivar Balcacer

El desorden en el Estadio Olímpico Félix Sánchez no fue una simple bronca de fanáticos ni una anécdota deportiva para despachar con memes. Fue una advertencia.

Miles de asistentes desbordaron los accesos, se forzaron entradas y una puerta resultó dañada antes de un partido cargado de simbolismo entre República Dominicana y Haití.

La falla no fue solamente de quienes empujaron: fue también de un Estado y unos organizadores que subestimaron una convocatoria previsible.

Nadie debe maquillar la irresponsabilidad. Romper controles, ingresar por la fuerza o poner familias en riesgo no es pasión deportiva: es conducta sancionable.

Una multitud no equivale a una conspiración, aunque en una isla con una frontera sensible toda imagen masiva tiene consecuencias políticas.

El problema serio comienza cuando las instituciones llegan tarde.

Un estadio lleno, entradas agotadas, seguridad insuficiente y discursos encendidos forman una mezcla peligrosa.

Ahí nacen los rumores, se fabrican enemigos y cualquier portón roto termina presentado como amenaza nacional.

La República Dominicana tiene derecho —y obligación— de controlar sus espacios públicos, sus fronteras y la seguridad de sus ciudadanos.

Pero ese control debe ser profesional, anticipado y firme: venta de boletas verificable, aforo estricto, inteligencia preventiva, identificación de organizadores y sanciones individuales para quien destruya o violente.

No se trata de alimentar pánico ni de regalar impunidad.

Se trata de evitar que la negligencia logística se convierta mañana en un conflicto diplomático, una provocación política o una tragedia humana que nadie podrá corregir con una rueda de prensa.

«Pienso para mis adentros que eso fue una provocación mayúscula con la anuencia de ciertos políticos, o un metamensaje a propósito después de la irónica postura de Trump con el presidente Abinader sobre la embajadora Campos… sabiendo que nuestro fuerte no es el fútbol, sino el béisbol». Usar la Concacaf como cebo?