Panamá y Costa Rica, un “agujero negro” para migrantes y deportados de EEUU, advierten observadores

POR MEGAN JANETSKY, MATÍAS DELACROIX and JOSHUA GOODMAN

MIRAMAR, Panamá (AP) — Las autoridades de Costa Rica y Panamá confiscan los pasaportes y celulares de los migrantes, les niegan el acceso a asistencia jurídica y los trasladan entre puestos remotos mientras lidian con la logística de un flujo migratorio que, de pronto, circula a la inversa.

Las restricciones y la falta de transparencia suscitan las críticas de observadores de derechos humanos y provocan respuestas cada vez más tensas por parte de los funcionarios, que sostienen que sus acciones buscan proteger a los migrantes de los traficantes de personas.

Ambos países han recibido cientos de deportados de distintos países enviados por Washington mientras el gobierno del presidente Donald Trump intenta acelerar las expulsiones. Al mismo tiempo, miles de migrantes rechazados en Estados Unidos han comenzado a dirigirse hacia el sur a través de Centroamérica: Panamá reportó 2.200 entradas en febrero.

La situación refleja la política migratoria actual estadounidense, apuntó Harold Villegas-Román, profesor de ciencias políticas y experto en refugiados de la Universidad de Costa Rica. Según Villegas-Román, el foco no está en los derechos humanos, sino en el control y la seguridad.

Deportaciones y migración inversa

A principios de mes, Estados Unidos envió 299 deportados, en su mayoría de naciones asiáticas, a Panamá. Quienes estuvieron dispuestos a regresar a sus países —alrededor de 150 por el momento— embarcaron en vuelos con la ayuda de agencias de Naciones Unidas y pagados por Estados Unidos.

Carlos Ruiz-Hernández, viceministro de Exteriores de Panamá, dijo el jueves que un pequeño grupo está en contacto con organizaciones internacionales y con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, mientras consideran solicitar asilo en el país.

“Ninguno de ellos quiere quedarse en Panamá. Quieren ir a Estados Unidos”, dijo en una entrevista telefónica desde Washington. “No podemos darles ‘green cards’, pero podemos llevarlos de regreso a casa y, por un breve período de tiempo, ofrecerles apoyo médico y psicológico, así como alojamiento”.

A pesar de las amenazas de Trump de recuperar el control del Canal de Panamá, Ruiz-Hernández apuntó que la nación centroamericana no actuó bajo presión estadounidense, sino que sus medidas responden al interés nacional. “Somos amigos de Estados Unidos y queremos trabajar con ellos para enviar una señal de disuasión”, agregó.

Según el vicecanciller, algunos de los deportados que están en Panamá tendrían la opción de quedarse en un refugio creado en su día para atender al gran número de migrantes que se dirigen hacia el norte a través del Tapón del Darién.

Una deportada china que está retenida actualmente en el campamento, y que habló bajo condición de anonimato para evitar represalias, dijo que no se le brindó otra opción.

Fue deportada a Panamá sin saber a dónde la enviaban, sin firmar los documentos de expulsión en Estados Unidos y sin saber con claridad cuánto tiempo estarían allí. Es una de los trasladados desde un hotel de la Ciudad de Panamá —donde algunos colocaron carteles en las ventanas pidiendo ayuda— a un campamento remoto en la región del Darién.

Hablando con la AP a través de mensajes con un celular que mantuvo oculto, dijo que las autoridades confiscaron los teléfonos de otros y no les ofrecieron asistencia legal. Otros han contado que no han podido contactar a sus abogados.

“Esto nos privó de nuestro proceso legal”, afirmó.

Preguntado por la falta de acceso a asistencia legal, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cuestionó el jueves la idea de que los migrantes tuvieran abogados.

“¿No parece casual que esa pobre gente tenga abogados en Panamá?”, apuntó Mulino.

“Agujero negro para migrantes deportados”

Costa Rica y Panamá han negado hasta ahora el acceso a la prensa a las instalaciones donde están retenidos los migrantes. Panamá había invitado a reporteros al Darién esta semana, pero canceló la visita.

“Panamá no puede convertirse en un agujero negro para migrantes deportados”, señaló Juan Pappier, director adjunto de Human Rights Watch para América. “Los migrantes tienen derecho a comunicarse con sus familias, a buscar abogados y Panamá debe garantizar transparencia sobre la situación en la que se encuentran.”