Defensa Pública dice cerca de 60,000 personas necesitaron asistencia en el 2023

De los extranjeros asistidos, ciudadanos Haitianos siguen ocupando el primer lugar de la lista, con 556 personas.

La Oficina Nacional de Defensa Pública asistió en el primer semestre de 2023, completamente gratis a 58,119 personas que no contaban con recursos económicos para pagar un abogado. 

De esas personas, 56,178 fueron atendidas mediante la Jurisdicción Penal Ordinaria (Personas Adultas) y 1,941 ante la Jurisdicción Penal Juvenil.

Los tipos penales más recurrentes de Casos Ingresados en Materia Penal Ordinaria (personas adultas) son: Robo, violencia intrafamiliar, ley de drogas agravadas, golpes y heridas, delitos sexuales, ley de drogas simple, violencia intrafamiliar, homicidio agravado, ley de comercio, porte y tenencia de armas,  y homicidio simple.

En casos ingresados en materia penal juvenil  son: Robo, golpes y heridas, delitos sexuales, ley de drogas agravadas, y simples, ley de comercio, porte y tenencia de armas,  homicidio agravado, homicidio, simple, tentativa de homicidio, amenazas.

De la población general de personas atendidas por la ONDP, ingresaron en materia penal ordinaria 11,222 casos (10,573, Hombres y, 649 Mujeres); y, de adolescentes, 728 casos (653 masculinos y 75 Femeninas).

De la totalidad de casos ingresados a la institución, 575 representan la población de extranjeros asistidos, de los cuales, 547 son personas adultas y 27 de la jurisdicción juvenil,  cuyo género, 547 del sexo masculino y 28 del femenino.

De éstos extranjeros asistidos, los ciudadanos Haitianos ocupan el primer lugar de la lista con 556 personas (530 son hombres y 26  mujeres); 6 venezolanos (1 mujer y 5 hombres), 2 Italianos, 2 de Estados Unidos, 1 Holandés,  1 Colombiana, 1 Húngaro, 1 Español; 1 Panameño, 1 Puertorriqueño, 1 Chino, 1 Canadiense y  1 Hindú. 

La Defensa Pública representa al usuario en conflicto con la ley penal, que por cualquier causa carezcan de un abogado, así como llevar a cabo cualquier acción que tienda a asegurar los derechos de los asistidos; desde el primer acto del procedimiento hasta la desvinculación del sistema penal de justicia.

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