POR SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Las elecciones presidenciales del 20 de agosto en Guatemala se han estancado en los tribunales y en impugnaciones legales a pesar de que los resultados fueron claros: el candidato progresista Bernardo Arévalo ganó alrededor del 61% de los votos frente al 39% de la conservadora Sandra Torres.
Después de semanas de incertidumbre, el máximo tribunal electoral finalmente certificó el lunes a Arévalo como ganador.
Pero los fiscales federales están tratando de suspender a su partido, lo que pone en duda si tendrá algún apoyo en el Congreso. Y Torres ha presentado impugnaciones judiciales para anular el resultado de las elecciones, alegando fraude en el recuento de votos, algo que ninguno de los grupos independientes de observadores electorales informó.
¿Cómo se volvió tan complicado?
La corrupción y la impunidad gubernamentales eran tan graves en Guatemala que en 2006 el país tuvo que convocar a una comisión respaldada por las Naciones Unidas, conocida como CICIG, para combatirla.
El trabajo de la comisión condujo a algunos resultados serios: en 2015, Guatemala se convirtió en uno de los pocos países del mundo que obligó a un presidente en ejercicio, Otto Pérez Molina, a renunciar e inmediatamente ir a la cárcel, junto con su vicepresidente.
El siguiente presidente electo, Jimmy Morales –y gran parte de la elite política de Guatemala– decidieron que las cosas habían ido demasiado lejos. Morales expulsó a la CICIG en 2019.
LOS CAZADORES SE CONVIERTEN EN CAZADOS
Bajo el actual presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general que nombró, Consuelo Porras, el gobierno ha dirigido las investigaciones penales no contra la corrupción sino contra quienes la investigaban y castigaban.
Unos 30 jueces, magistrados y fiscales involucrados en la investigación o tramitación de casos de corrupción se han visto obligados a huir del país tras afrontar acciones legales. También se ha atacado a opositores y críticos.
El gobierno estadounidense canceló la visa estadounidense de Porras, calificando sus acciones de injustificadas.
¿QUÉ TIENE ESTO QUE VER CON ARÉVALO?
Arévalo hizo campaña con una promesa principal: limpiar la corrupción. Eso puso nerviosos a algunos miembros de la actual administración ante la perspectiva demasiado real de ir a la cárcel.
Los fiscales afirman que encontraron evidencia de que algunas de las firmas reunidas para registrar el partido Movimiento Semilla de Arévalo eran ilegales.
Por eso la oficina de Porras ha solicitado la suspensión de su partido político, a pesar de que la ley dice claramente que eso no se puede hacer durante una campaña.
¿ES ESTO ‘LEY LEGAL?’
El término ‘lawfare’ se entiende como el uso de múltiples procesamientos y demandas para intimidar, silenciar o desacreditar a disidentes u opositores. ¿Se puede aplicar a las elecciones de Guatemala?
Consideremos esto: los fiscales y los tribunales prohibieron que al menos tres de los candidatos más populares se presentaran a la primera vuelta el 25 de junio debido a tecnicismos, en algunos casos ridículamente pequeños.
Y la Fiscalía General allanó la sede de la autoridad electoral del país horas después de que certificara los resultados de la primera vuelta para buscar e incautar pruebas del padrón electoral relacionadas con la investigación al partido de Arévalo.
¿TIENE ALGÚN MÉTODO LAS ALEGACIONES DE LA FISCAL CONTRA ARÉVALO?
Los fiscales dicen que una de las personas que firmó para registrar el partido de Arévalo en 2022 se adelantó y dijo que su firma era falsificada. Y la oficina del fiscal general dijo que se encontraron los nombres de 12 personas muertas entre las 25.000 firmas y que hasta 100 podrían haber sido falsificadas.
La oficina también afirma que algunas de las personas que recogieron firmas recibieron dinero para hacerlo, algo que es legal y común en Estados Unidos, por ejemplo. Los partidarios de Arévalo dicen que ese es un argumento insignificante para anular millones de votos.
¿QUÉ ES PROBABLE QUE SUCEDA?
Giammattei, que ha tratado de presentarse como por encima de la refriega de las redadas y procesamientos de su fiscal general, ha dicho que está dispuesto a reunirse con Arévalo y cumplir con la transferencia de poder a él el 14 de enero.
Parece haber poco que se pueda hacer para impedir que Arévalo asuma el cargo, y los esfuerzos de sus oponentes ahora parecen concentrarse en garantizar que sea un presidente débil con el menor apoyo legislativo posible.
El excongresista Roberto Alejos dijo que la decisión de los fiscales de suspender al partido de Arévalo, que obtuvo 23 escaños en el Congreso, podría al menos impedirle obtener asignaciones clave en comités. Pero no es sólo política.
“Lo que están haciendo los fiscales, interviniendo en el proceso electoral, está creando mucha inestabilidad jurídica”, dijo Alejos, “y eso podría afectar la economía, el turismo, el Estado de derecho y eso podría afectar la inversión”.