Los presidentes del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), Aurelio Henríquez y Olivo De León, criticaron el poco interés de la Fiscalía de Tamboril, para esclarecer la muerte del hijo del comunicador Luis Céspedes Peña, Luis Norberto Céspedes Vega, quien fue atropellado por un vehículo de la empresa Hormigones Romano en Santiago, hace casi un año.
Los dirigentes de esas instituciones periodísticas sospechan que el poder económico de Hormigones Romano, podría estar incidiendo en el caso. El 16 de este mes se cumple un año de la muerte de Céspedes Vega, pero las autoridades judiciales de Tamboril, no tienen un detenido con relación a ese hecho.
Henríquez y De León se preguntan: ¿cómo es posible que el dueño de la empresa Hormigones Romano, ingeniero civil Luis A. Romano, admitiera en un interrogatorio que su empresa tiene siete camiones mezcladores de cemento, similares al que tomó una cámara de seguridad cuando se produjo el hecho y la Fiscalía no haya interrogados a sus siete chóferes?Calificaron de insólita esa acción.
En declaraciones a los medios de comunicaciones, informaron que están a la espera de la respuesta a una carta que le enviaron al Presidente Luis Abinader, a través del director de Medios de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), periodista Federico Reynoso, pidiéndole su intervención en el caso.
Manifestaron que si el conductor del camión huyó, dejando abandonado a Céspedes Vega, lo lógico es que el fiscal, en este caso, Manuel Güicharlo, interrogue al grupo de choferes de los camiones con capota verde.
Los presidentes del CDP y el IPPP indican que los otros dos que el hecho implica, son el administrador de Repuesto Nacho, lugar donde sucedió el caso en Tamboril, y el encargado del área de Control de viajes de los camiones de Hormigones Romano.
Observaron que como dice el padre de Luis Norberto, el periodista Luis Céspedes Peña, de los interrogatorios a esas nueve personas sale el responsable de esa muerte.
Consideran que el fiscal general de Santiago, Osvaldo Bonilla, como responsable de la conducción de ese Distrito Judicial, debe asumir directamente todas las investigaciones que tengan implicaciones con esa muerte.
Los líderes de esos gremios explicaron que las investigaciones del magistrado Manuel Güichardo son erradas, debido a que él interrogó a dos choferes, que no son conductores de camiones capota verde, como lo es el vinculado al hecho, con características similares.
También dijeron que el fiscal interrogó al encargado de Producción de Hormigones Romano, que tampoco tiene que ver con el que dirige el área de Control de Viajes.
“Como es lógico, ambos choferes y el encargado de Producción de la empresa, negaron tener conocimiento del hecho, porque no laboran en el área implicada, como es la de conductores de camiones mezcladores de concreto, aunque sí aportaron una buena versión, porque reconocieron que el vehículo captado por la cámara de seguridad, es similar a los siete que tiene la empresa Hormigones Romano.
Tienen la esperanza de que al cumplirse un año del hecho, que no se sabe si fue un accidente o un crimen pagado, porque el conductor sigue sin ser identificado, lo que más le conviene a Hormigones Romano, es colaborar con las autoridades y entregar al conductor implicado en esa muerte.