LIMA (AP) — El Congreso de Perú admitió a trámite el jueves una denuncia del fiscal general contra la presidenta Dina Boluarte para enjuiciarla al fin de su mandato por un presunto caso de corrupción por haber recibido relojes de lujo y joyas de un gobernador regional.
El comité legislativo que tramita las acusaciones a funcionarios de alto rango dio inicio al trámite, que puede durar meses e implica varias fases dentro del Congreso, para investigar una denuncia formulada en mayo por el fiscal general Juan Villena. Éste acusó a Boluarte como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio.
Según la Constitución, el Congreso debe esperar a que Boluarte concluya su mandato en 2026 para que la acusación sea enviada otra vez a la fiscalía y, en su caso, ésta lo acuse ante un juez.
Los únicos supuestos por los que un presidente puede ser acusado en medio de su mandato son por traición a la patria, disolver el Parlamento, impedir las elecciones o por frenar el funcionamiento del Tribunal Electoral.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, la presidenta habría recibido relojes marca Rolex y las joyas en calidad de donación del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. El delito de cohecho, también llamado soborno, es una variante del delito de corrupción en la ley peruana.
El código penal peruano indica que el cohecho pasivo se configura cuando un funcionario acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente un donativo o beneficio indebido para hacer un acto propio de su cargo. Está castigado con entre cuatro y ocho años de cárcel.
El trámite de una denuncia constitucional puede demorar varios meses que deben incluir la preparación de un informe acusatorio encargado a un legislador y la votación de este informe en el pleno del Parlamento para ser aprobado o rechazado, antes de pasar a la justicia ordinaria.
Aparte del caso de los relojes de lujo, la misma subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso recibió y rechazó otra denuncia contra Boluarte por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en las muertes de casi medio centenar de civiles durante las manifestaciones que ocurrieron al inicio de su gobierno el 7 de diciembre de 2022.