By SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, solicitó el jueves por segunda vez que se le retire la inmunidad a la fiscal general, Consuelo Porras, señalada por Estados Unidos por socavar la democracia, para que sea investigada por abuso de poder y violación a la Constitución.
La petición de Arévalo llegó un día después de que la fiscal Porras pidiera a la Corte de Constitucionalidad (CC) que le permita iniciar acciones penales contra el presidente, quien también tiene inmunidad por el cargo.
Alegó como argumentos el riesgo de que Arévalo tome medidas políticas y financieras contra el Ministerio Público, destituya a funcionarios cercanos a la fiscalía y no permita críticas en contra de su gestión presidencial.
Desde que el mandatario asumió el poder, ha requerido a la fiscal general su renuncia, señalándola de no investigar la corrupción del gobierno anterior, cuyo presidente fue quien la designó para el cargo.
Porras y varios de sus trabajadores mantienen una afrenta constante contra Arévalo y su gobierno que comenzó desde el momento en que fue reconocido como uno de los dos candidatos que se disputarían la presidencia en 2023, y que finalmente ganó Arévalo en las elecciones.
Desde entonces, la fiscalía ha allanado sedes electorales, presentado solicitudes de retiro de inmunidad a magistrados electorales y al mismo presidente, así como acciones contra miembros del partido político Movimiento Semilla con el que Arévalo ganó la presidencia.
También ha emprendido acciones contra trabajadores electorales y unos 150.000 ciudadanos que participaron en las mesas electorales recibiendo, resguardando y contando los votos, por diversas acusaciones, entre ellas un supuesto fraude.
“Este gobierno cumple con liderar la lucha contra la corrupción; ese es el mandato que nos dio el pueblo, es una batalla que sin duda está aterrando a quienes por años han vivido de la codicia, el soborno y el engaño”, dijo el presidente Arévalo en conferencia de prensa junto a su gabinete de gobierno.
Sus declaraciones son la reacción al recurso de ejecutoria que presentó Porras el miércoles ante la Corte Constitucional para activar un amparo provisional que ese cuerpo judicial le otorgó en mayo pasado para protegerla de supuestas amenazas a su gestión.
Porras amplió la petición y pidió que el tribunal constitucional le permitiera investigar a Arévalo.
“Hoy vemos un ataque ilegal y desesperado, liderado por la fiscal Consuelo Porras desde el Ministerio Público”, subrayó el presidente guatemalteco que agregó la titular del Ministerio Público “es la principal cómplice de esa minoría corrupta que se niega al cambio que quiere toda Guatemala”.
La acusó de cerrar “los ojos ante los grandes casos de corrupción que este gobierno ha denunciado” y mencionó asuntos de lavado de dinero y robo a costa del pueblo.
También cuestionó que haya criminalizado “a periodistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y ahora a funcionarios de este gobierno que le son incómodos para sus aspiraciones corruptas”.
El presidente pidió a la CC que revoque el amparo provisional otorgado a Porras, que se le retire la inmunidad para investigarla por abuso de autoridad.
En el escrito presentado ante el constitucional Porras dijo que, con las críticas que Arévalo y otros funcionarios de gobierno hacen de su gestión, promueve la violencia contra ella y funcionarios de su institución, así como atentados contra su integridad física y contra su vida.
No hay reportes de que algo como esto haya ocurrido. La fiscal formó un grupo de guardias armados para presuntamente protegerla a ella y a la institución.
La petición de Porras se dio luego de recibir críticas de varios sectores, luego de que el gobierno denunció que su fiscalía secuestró el padrón electoral con los datos sensibles de casi 10 millones de guatemaltecos aptos para votar y que incluye nombre, dirección, número telefónico y filiación política.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país y recomendó hacer un examen independiente profundo sobre el Ministerio Público y ofreció su apoyo técnico, ante denuncias de criminalización.
“Haremos lo que corresponde en el marco de la ley para que efectivamente ella abandone el cargo en la medida en que se ha convertido en un obstáculo a la justicia” acotó Arévalo.