La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) precisó hoy que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) no ha rechazado el recurso incoado por el sindicato magisterial, sino que el proceso judicial está vigente y activo en el TSA.
La ADP demandó la licitud y la trasparencia del proceso de contratación para la evaluación de desempeño a los docentes a nivel nacional, en tal sentido depositó el pasado 26 de septiembre un recurso contencioso administrativo a fin de que se decida revocar el contrato otorgado por el MINERD a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), sin realizar una licitación transparente y abierta a todo el interesado.
El 15 de octubre la ADP depositó ante el TSA un recurso de amparo de extrema urgencia, para contrarrestar la falta de transparencia, contrariedad normativa en base a la Constitución y la Ley 340-06 sobre contracciones públicas.
Este último proceso de urgencia fue declarado inadmisible en vista de que el tribunal ordenó que el proceso se conozca en otra vía judicial, es decir en lo contencioso, y no en un recurso de amparo.
“Cabe señalar que aún las pruebas depositadas por la ADP no han sido revisadas en el fondo. El TSA solo decidió que se conociera el fondo con el primer recurso que el sindicato depositó relativo al amparo de extrema urgencia. Ahora vamos a ventilar en el TSA de manera contenciosa las irrefutables pruebas y la debida documentación, con sólidos argumentos de la ADP, contra la ilegal contratación, violando la ley 340-06, con todo tipo de falta de transparencia para otorgar una contratación directa, bajo la sombrilla de un supuesto convenio, con la OEI”, expresó o la ADP mediante una nota de prensa.
La ADP rechazó recientemente mediante una nota de prensa la contratación de la OEI por parte del Minerd para la realización de la Evaluación de Desempeño Docente 2024, por un monto de 599 millones, 744 mil 291.33 pesos.
El sindicato también presentó una denuncia ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, en contra de la contratación de la OEI, fundamentada en que no se había realizado un proceso competitivo, ni transparente, que garantice a los docentes de las escuelas públicas que la institución más capacitada realice su evaluación de desempeño docente.