En el fin de semana el Gobierno estrenó el nuevo equipo de comunicaciones de la presidencia de la República con el anuncio de dos funcionarios que de inmediato acudieron a la Procuraduría General de la República a entregar un informe de irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El informe, dado a conocer en el Palacio Nacional, fue acompañado de fotografías e imágenes en movimiento en las que se aprecia la llegada de los funcionarios al edificio que aloja la sede del ministerio público. La magistrada procuradora recibió la documentación.

Con esa acción el Gobierno procura seguir vendiendo una imagen de transparencia e institucionalidad, en la que cada vez cree menos gente.

Se trata de un nuevo capítulo en la conducta de gobernantes que en tiempo de campaña lograron confundir a la población con la prédica de honradez, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas que la gente echa de menos.

La realidad es muy diferente de todo ese hermoso paisaje que se publicita en costosas campañas mediáticas.

Ahora ha estallado el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), denunciado el pasado mes de julio por el Partido de la Liberación Dominicana y que el ciudadano presidente de la República trató de desmentir, significando que se trataba de denuncias políticas.

Cuando la bomba le estalla en las manos, se despachan los funcionarios entregando una documentación que, según se dijo, servirá para los fines de investigación correspondientes de acuerdo a lo establecido en la ley.

Es tan escandalosa la situación que antes de proceder a solicitar la investigación se obtiene la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) del uso de 6,000 millones de pesos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) para cubrir el déficit del SENASA y tratar de tapar el hoyo financiero que demuestra las deficiencias en el manejo de la cuenta para cuidado de la salud de las personas.

Lo del SeNaSa es un nuevo caso de clara corrupción administrativa que se suma a un amplio rosario de infracciones a todos los niveles ocurridos en el gobierno del PRM, que pone a prueba al Ministerio Público, calificado de independiente, y su sazonada lucha contra la corrupción.

La transparencia se demuestra con los hechos, no con palabrerías y propaganda. Ya lo dice la expresión popular: de supuestas y reales buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Queremos hechos, no palabras.