Por Starling Canelo

Una propuesta de reforma a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos plantea la eliminación del financiamiento público a las organizaciones políticas y el aumento al 5 % del mínimo de votos válidos requeridos para conservar su personería jurídica.

La iniciativa, presentada por el abogado Hernani Aquino, establece que los partidos que no alcancen ese porcentaje en las elecciones generales perderían automáticamente su reconocimiento legal.

Aquino argumenta que el esquema actual de financiamiento representa un uso ineficiente de los recursos del Estado y fomenta la fragmentación del sistema político, al sostener estructuras con bajo nivel de respaldo electoral.

Actualmente, los fondos públicos se distribuyen en un 80 % entre los partidos que superan el 5 % de los votos, un 12 % entre aquellos que obtienen entre 1 % y 5 %, y un 8 % entre las organizaciones que alcanzan entre 0.01 % y 1 %.

El proponente considera que este modelo termina subsidiando entidades con escasa representatividad, por lo que sugiere establecer un umbral más alto que obligue a las organizaciones políticas a consolidar una base electoral significativa.

Con esta reforma, se busca fortalecer la representatividad política, reducir la dispersión partidaria y optimizar el uso de los recursos públicos.

En ese sentido, Aquino llamó al Congreso Nacional, a la Junta Central Electoral y a la sociedad civil a abrir un debate amplio sobre el futuro del sistema de partidos en la República Dominicana.