La Asociaci\u00f3n Internacional de Derecho Penal, Grupo Dominicano (AIDP-GD), y la Asociaci\u00f3n de Abogados de la Provincia Espaillat (AAPE) interpusieron ante el Tribunal Constitucional una acci\u00f3n directa de inconstitucionalidad contra m\u00e1s de cincuenta art\u00edculos del nuevo C\u00f3digo Penal dominicano, promulgado mediante la Ley Org\u00e1nica74-25 el pasado 3 de agosto de 2025.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones y juristas sostienen que el nuevo cuerpo normativo contiene disposiciones que vulneran derechos y principios fundamentales consagrados en la Constituci\u00f3n dominicana y en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El recurso fue depositado por los juristas Pedro Virginio Balbuena Batista, Juan de Jes\u00fas Santos Santos, Emery Colombi Rodr\u00edguez Mateo y Elio Jos\u00e9 Delgado Vales, en representaci\u00f3n de ambas entidades, los cuales tienen legitimaci\u00f3n activa reconocida por el propio Tribunal Constitucional para accionar en defensa del orden constitucional.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNuestro inter\u00e9s es contribuir a que este C\u00f3digo Penal que va a regir la pol\u00edtica criminal del pa\u00eds no sirva para vulnerar derechos fundamentales de las personas, sino una herramienta para combatir la criminalidad, pero respetando el ordenamiento constitucional\u201d, dijo Balbuena, quien encabez\u00f3 al grupo de juristas accionantes y es coordinador de la Comisi\u00f3n de Litigios de la AIDP-GD.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el documento, los art\u00edculos impugnados \u2014que incluyen, entre otros, los n\u00fameros 2.10, 24, 49, 68, 142, 170, 214, 260, 284, 303 y 388\u2014 contravienen los art\u00edculos 4, 6, 38, 39, 40, 44, 49, 56, 64, 65, 69, 74, 110 y 149 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, se invocan violaciones a la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, y a convenciones de la ONU sobre delincuencia organizada y derechos del ni\u00f1o, todas con jerarqu\u00eda constitucional seg\u00fan el art\u00edculo 74.3 de la Constituci\u00f3n dominicana.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl nuevo C\u00f3digo Penal introduce muchas innovaciones importantes al derecho represivo dominicano, pero creemos que algunas de sus disposiciones rigen con la Constituci\u00f3n\u201d, reiter\u00f3 Balbuena.<\/p>\n\n\n\n
Las asociaciones alegan que el nuevo C\u00f3digo Penal desconoce principios b\u00e1sicos del derecho penal moderno, entre ellos la legalidad, proporcionalidad, humanidad y resocializaci\u00f3n de la pena, al incluir tipos penales vagos o sanciones desproporcionadas que podr\u00edan abrir espacio a interpretaciones arbitrarias.<\/p>\n\n\n\n
En su escrito, los accionantes recuerdan que el Tribunal Constitucional, en precedentes como la sentencia TC\/0092\/19, ha establecido que los tipos penales indeterminados violan el principio de legalidad al no describir con claridad las conductas prohibidas ni las sanciones correspondientes.<\/p>\n\n\n\n
El recurso tambi\u00e9n plantea que varios art\u00edculos del C\u00f3digo Penal colisionan con el bloque de constitucionalidad, concepto que integra la Constituci\u00f3n, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los principios fundamentales reconocidos por la jurisprudencia dominicana.<\/p>\n\n\n\n
Coherencia alterada<\/p>\n\n\n\n
Los juristas argumentan que, pese a los avances t\u00e9cnicos del nuevo texto, el Congreso introdujo modificaciones que alteraron su coherencia y crearon contradicciones con los est\u00e1ndares constitucionales, en especial aquellos relacionados con la dignidad humana, la igualdad y el debido proceso.<\/p>\n\n\n\n
La acci\u00f3n sostiene que la Ley 74-25, aunque se presenta como una modernizaci\u00f3n necesaria, incorpora disposiciones que desnaturalizan el derecho penal garantista y debilitan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, alej\u00e1ndose de los compromisos internacionales del Estado dominicano.<\/p>\n\n\n\n
El nuevo C\u00f3digo Penal, aprobado con amplio respaldo en el Congreso Nacional, sustituye al texto vigente desde 1884 y prev\u00e9 entrar en vigor en agosto de 2026, tras un per\u00edodo de vacaci\u00f3n legal de doce meses.<\/p>\n\n\n\n
Los accionantes reconocen la necesidad de una reforma penal integral, pero consideran que su aprobaci\u00f3n no puede hacerse a costa de sacrificar principios constitucionales que protegen la libertad, la igualdad y la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, afirman que la supremac\u00eda constitucional, consagrada en el art\u00edculo 6 de la Constituci\u00f3n, obliga a que toda ley contraria a ella sea declarada nula de pleno derecho, y recuerdan que corresponde al Tribunal Constitucional garantizar ese mandato.<\/p>\n\n\n\n
Las asociaciones solicitantes insisten en que su objetivo no es obstaculizar la modernizaci\u00f3n penal, sino contribuir a que esta se ajuste a los par\u00e1metros del Estado social y democr\u00e1tico de derecho y respete las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Entre los puntos m\u00e1s controvertidos del nuevo C\u00f3digo, las entidades mencionan las normas sobre tentativa de homicidio, las penas aplicables a menores de edad, la eliminaci\u00f3n de algunas garant\u00edas procesales y la tipificaci\u00f3n imprecisa de delitos relacionados con la moral p\u00fablica o la informaci\u00f3n digital.<\/p>\n\n\n\n
Los accionantes tambi\u00e9n observan que ciertas disposiciones otorgan a las autoridades facultades discrecionales amplias, lo que podr\u00eda vulnerar el principio de separaci\u00f3n de poderes y permitir interpretaciones judiciales o administrativas contrarias al esp\u00edritu de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El documento cita la sentencia TC\/0345\/19, en la cual el Tribunal Constitucional reconoci\u00f3 la legitimidad procesal de las personas jur\u00eddicas para interponer acciones directas de inconstitucionalidad, y recuerda que esta jurisprudencia refuerza la participaci\u00f3n de asociaciones profesionales en la defensa del orden constitucional.<\/p>\n\n\n\n
La AIDP-GD, filial dominicana de la Asociaci\u00f3n Internacional de Derecho Penal fundada en Par\u00eds en 1924, y la AAPE, con m\u00e1s de cuatro d\u00e9cadas de labor gremial, argumentan que la acci\u00f3n presentada busca preservar la coherencia del sistema jur\u00eddico dominicano con los est\u00e1ndares de justicia penal reconocidos a nivel internacional.<\/p>\n\n\n\n
Ambas instituciones destacaron que la actualizaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal era impostergable, pero que deb\u00eda hacerse con rigor t\u00e9cnico y respeto absoluto a los derechos humanos, evitando reproducir figuras del siglo XIX o incorporar delitos con descripciones ambiguas que abran espacio a arbitrariedades.<\/p>\n\n\n\n
Los juristas esperan que el Tribunal Constitucional acoja el recurso, convoque a audiencia p\u00fablica y, tras un an\u00e1lisis detenido, declare la nulidad de los art\u00edculos impugnados por contravenir la Constituci\u00f3n y el bloque de convencionalidad.<\/p>\n\n\n\n
De admitirse la acci\u00f3n, el proceso podr\u00eda convertirse en uno de los debates constitucionales m\u00e1s relevantes de los \u00faltimos a\u00f1os, al colocar bajo revisi\u00f3n la reforma penal m\u00e1s ambiciosa emprendida en m\u00e1s de un siglo en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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