Reflexiones Atrevidas # 147<\/p>\n\n\n\n
Por Jos\u00e9 Francisco Pe\u00f1a Guaba<\/p>\n\n\n\n
La democracia no consiste \u00fanicamente en permitir que los ciudadanos acudan a las urnas cada cuatro a\u00f1os. Su verdadera fortaleza descansa en que todos los actores pol\u00edticos puedan participar en condiciones razonablemente equitativas, que las instituciones act\u00faen con imparcialidad, que los recursos p\u00fablicos no se conviertan en instrumentos de ventajas partidarias y que la voluntad popular pueda expresarse libremente, sin presiones ni manipulaciones.<\/p>\n\n\n\n
Cuando esas condiciones comienzan a deteriorarse, aunque se mantengan formalmente las elecciones, la democracia corre el riesgo de convertirse en una competencia profundamente desigual, donde unos participan con todas las ventajas y otros deben enfrentar obst\u00e1culos que comprometen sus posibilidades de competir.<\/p>\n\n\n\n
Es precisamente esa preocupaci\u00f3n la que me mueve a escribir estas reflexiones. De cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del a\u00f1o 2028, observo cinco situaciones que considero altamente preocupantes y que, de no corregirse oportunamente, podr\u00edan afectar seriamente la equidad del pr\u00f3ximo proceso electoral dominicano.<\/p>\n\n\n\n
No estamos hablando de asuntos menores ni de simples diferencias entre oficialismo y oposici\u00f3n. Estamos hablando de cuestiones que comprometen el funcionamiento del sistema de partidos, la independencia de las instituciones, la participaci\u00f3n ciudadana y la credibilidad de nuestra democracia.<\/p>\n\n\n\n
LA ASFIXIA ECON\u00d3MICA DE LOS PARTIDOS POL\u00cdTICOS<\/p>\n\n\n\n
La primera preocupaci\u00f3n est\u00e1 relacionada con la reducci\u00f3n de los recursos econ\u00f3micos que legalmente corresponden a los partidos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n
La Ley Org\u00e1nica del R\u00e9gimen Electoral establece que durante los a\u00f1os no electorales el Estado debe destinar a las organizaciones pol\u00edticas el equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, durante los \u00faltimos a\u00f1os los recursos consignados han quedado considerablemente por debajo de ese porcentaje, situaci\u00f3n que adquiere todav\u00eda mayor gravedad cuando nos aproximamos al per\u00edodo de mayor actividad pol\u00edtica y electoral.<\/p>\n\n\n\n
El a\u00f1o 2027 no ser\u00e1 un a\u00f1o cualquiera para las organizaciones pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n
Ser\u00e1 precisamente el per\u00edodo durante el cual los partidos tendr\u00e1n que realizar sus convenciones municipales y nacionales, reorganizar sus estructuras territoriales, celebrar asambleas, seleccionar precandidaturas, determinar reservas de candidaturas, concertar alianzas y desarrollar los procedimientos internos que permitir\u00e1n escoger a quienes competir\u00e1n en las elecciones de 2028.<\/p>\n\n\n\n
Todo eso requiere recursos econ\u00f3micos importantes.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo puede exig\u00edrseles a los partidos pol\u00edticos que cumplan con todas esas responsabilidades si simult\u00e1neamente se les reducen los recursos que la propia legislaci\u00f3n establece para su funcionamiento?<\/p>\n\n\n\n
La situaci\u00f3n resulta particularmente delicada para las organizaciones opositoras, que no disponen de las facilidades institucionales ni de las relaciones econ\u00f3micas que suelen acompa\u00f1ar al ejercicio del poder.<\/p>\n\n\n\n
El partido oficialista, por su propia condici\u00f3n de gobierno, mantiene relaciones permanentes con importantes sectores empresariales, funcionarios, contratistas y proveedores del Estado. Es indispensable que esas relaciones no se traduzcan en financiamiento indebido ni en ventajas incompatibles con la legislaci\u00f3n electoral.<\/p>\n\n\n\n
Mientras tanto, las organizaciones opositoras necesitan financiamiento leg\u00edtimo para sostener sus estructuras, desarrollar sus actividades y competir dignamente.<\/p>\n\n\n\n
Existe, adem\u00e1s, una contradicci\u00f3n que no podemos ignorar.<\/p>\n\n\n\n
Todos reclamamos que los partidos pol\u00edticos se mantengan alejados del dinero procedente del narcotr\u00e1fico, del lavado de activos y de otras actividades il\u00edcitas. Pero cuando se debilita su financiamiento p\u00fablico sin garantizar alternativas transparentes, se incrementan los riesgos de dependencia de intereses econ\u00f3micos particulares y de penetraci\u00f3n de recursos de procedencia cuestionable.<\/p>\n\n\n\n
El financiamiento p\u00fablico no constituye una d\u00e1diva a los dirigentes pol\u00edticos. Es un instrumento institucional concebido para contribuir al funcionamiento democr\u00e1tico y reducir desigualdades.<\/p>\n\n\n\n
Por eso considero que cualquier reducci\u00f3n que desconozca las disposiciones legales debe ser corregida.<\/p>\n\n\n\n
CAMBIAR LAS REGLAS ELECTORALES CUANDO EL PROCESO YA EST\u00c1 EN MARCHA<\/p>\n\n\n\n
La segunda preocupaci\u00f3n tiene que ver con las iniciativas que se han planteado para modificar los plazos establecidos para la celebraci\u00f3n de los procesos internos de selecci\u00f3n de candidaturas.<\/p>\n\n\n\n
La Junta Central Electoral ha establecido un calendario electoral de cara al a\u00f1o 2028, definiendo los per\u00edodos en que deber\u00e1n celebrarse las primarias, convenciones, asambleas y dem\u00e1s procedimientos de escogencia de candidatos.<\/p>\n\n\n\n
Ese calendario constituye una herramienta fundamental para la seguridad jur\u00eddica y la planificaci\u00f3n de las organizaciones pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n
Modificar sustancialmente esos plazos cuando los partidos ya se encuentran preparando sus estructuras y procedimientos internos podr\u00eda provocar consecuencias muy serias.<\/p>\n\n\n\n
No se trata \u00fanicamente de adelantar unas primarias.<\/p>\n\n\n\n
Estamos hablando de alterar los tiempos disponibles para organizar convenciones, establecer reservas de candidaturas, negociar alianzas electorales, seleccionar aspirantes y cumplir con los procedimientos democr\u00e1ticos que establecen las leyes y los estatutos partidarios.<\/p>\n\n\n\n
Los partidos pol\u00edticos necesitan reglas claras y estabilidad normativa.<\/p>\n\n\n\n
No puede pretenderse que las organizaciones planifiquen sus procesos internos sobre la base de un calendario previamente establecido y que posteriormente deban reorganizarlo todo por modificaciones legislativas introducidas cuando se aproxima el per\u00edodo electoral.<\/p>\n\n\n\n
Mucho menos ser\u00eda aceptable que esas modificaciones respondieran a conveniencias particulares de determinadas organizaciones pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n
Las reglas electorales deben ser generales, transparentes y conocidas con suficiente anticipaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Una reforma electoral puede ser leg\u00edtima y necesaria cuando procura mejorar el sistema democr\u00e1tico. Pero si sus efectos alteran injustificadamente las condiciones de competencia o favorecen selectivamente a determinados actores, merece el m\u00e1s firme cuestionamiento institucional.<\/p>\n\n\n\n
La democracia exige que las reglas sean iguales para todos y que nadie pretenda modificarlas a mitad del camino para obtener ventajas.<\/p>\n\n\n\n
EL CLIENTELISMO POL\u00cdTICO Y LA UTILIZACI\u00d3N ELECTORAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES<\/p>\n\n\n\n
Mi tercera preocupaci\u00f3n est\u00e1 relacionada con el crecimiento de los programas gubernamentales de asistencia social y el riesgo de que puedan utilizarse con prop\u00f3sitos pol\u00edtico-electorales.<\/p>\n\n\n\n
Quiero ser muy claro en este aspecto.<\/p>\n\n\n\n
No cuestiono que el Gobierno desarrolle programas de titulaci\u00f3n de terrenos, asistencia alimentaria, transferencias econ\u00f3micas, entrega de tarjetas de ayuda social o cualquier otra iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables.<\/p>\n\n\n\n
Por el contrario, considero que esas pol\u00edticas son necesarias y que deben ampliarse cuando responden verdaderamente a las necesidades de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Lo que resulta inaceptable es que los beneficios sociales puedan condicionarse a la militancia pol\u00edtica, a la simpat\u00eda partidaria o al respaldo electoral a quienes gobiernan.<\/p>\n\n\n\n
La asistencia social constituye una responsabilidad del Estado, no una propiedad del partido que administra temporalmente el Gobierno.<\/p>\n\n\n\n
Un ciudadano necesitado tiene exactamente el mismo derecho a recibir ayuda p\u00fablica independientemente de que simpatice con el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD, el BIS o cualquier otra organizaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
Los recursos p\u00fablicos pertenecen a todos los dominicanos.<\/p>\n\n\n\n
Por eso deben existir mecanismos transparentes de selecci\u00f3n de beneficiarios, criterios objetivos de vulnerabilidad y procedimientos de fiscalizaci\u00f3n que impidan convertir los programas sociales en instrumentos de captaci\u00f3n electoral.<\/p>\n\n\n\n
Las denuncias de posibles pr\u00e1cticas clientelares deben investigarse y documentarse, sin presumir que toda asistencia gubernamental constituye una irregularidad.<\/p>\n\n\n\n
Pero tampoco podemos ignorar el peligro que representar\u00eda utilizar las necesidades econ\u00f3micas de miles de familias como mecanismo de presi\u00f3n o condicionamiento pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n
De mantenerse o ampliarse pr\u00e1cticas de esa naturaleza durante el per\u00edodo preelectoral, la competencia democr\u00e1tica podr\u00eda verse seriamente afectada.<\/p>\n\n\n\n
Porque una cosa es que el Estado ayude a los pobres y otra muy distinta es que un partido pretenda apropiarse pol\u00edticamente de esa ayuda.<\/p>\n\n\n\n
LA ABSTENCI\u00d3N ELECTORAL Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR EL VOTO DE TODOS LOS DOMINICANOS<\/p>\n\n\n\n
La cuarta preocupaci\u00f3n tiene una importancia extraordinaria para el futuro de nuestra democracia: la participaci\u00f3n electoral.<\/p>\n\n\n\n
Considero que uno de los mayores desaf\u00edos que enfrentaremos en las elecciones de 2028 ser\u00e1 garantizar que la mayor cantidad posible de ciudadanos ejerza su derecho al voto.<\/p>\n\n\n\n
La abstenci\u00f3n constituye un problema que debemos enfrentar colectivamente.<\/p>\n\n\n\n
No podemos conformarnos con una democracia donde una proporci\u00f3n considerable de ciudadanos permanezca al margen de las decisiones que determinar\u00e1n el futuro de la naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno tiene la obligaci\u00f3n de proporcionar a la Junta Central Electoral los recursos econ\u00f3micos, tecnol\u00f3gicos, log\u00edsticos y administrativos necesarios para desarrollar exitosamente el proceso de renovaci\u00f3n de la c\u00e9dula de identidad y electoral, organizar los comicios y facilitar la participaci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n\n\n\n
Esta responsabilidad adquiere especial relevancia en el caso de los dominicanos residentes en el exterior.<\/p>\n\n\n\n
Nuestros compatriotas emigrantes mantienen v\u00ednculos familiares, econ\u00f3micos, culturales y pol\u00edticos con la Rep\u00fablica Dominicana. Sus remesas representan un aporte extraordinario para la econom\u00eda nacional y su participaci\u00f3n electoral debe ser facilitada, no obstaculizada.<\/p>\n\n\n\n
Para que el proceso de renovaci\u00f3n de la c\u00e9dula alcance sus objetivos resulta indispensable una colaboraci\u00f3n efectiva de las instituciones del Estado.<\/p>\n\n\n\n
Los consulados y las embajadas, dentro de sus competencias legales y respetando la independencia de la autoridad electoral, deben contribuir a informar y orientar a nuestros ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n
Es necesario facilitar los procedimientos de cedulaci\u00f3n, inscripci\u00f3n y actualizaci\u00f3n del padr\u00f3n, as\u00ed como procurar que existan suficientes colegios electorales en las comunidades donde residen importantes concentraciones de dominicanos.<\/p>\n\n\n\n
En el territorio nacional tambi\u00e9n debemos desarrollar una gran campa\u00f1a institucional de educaci\u00f3n y motivaci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n\n\n\n
Personalmente, considero que ha llegado el momento de discutir seriamente la conveniencia de establecer el voto obligatorio, acompa\u00f1ado de las garant\u00edas y excepciones correspondientes, como ocurre en diferentes democracias.<\/p>\n\n\n\n
Esa posibilidad requerir\u00eda un debate jur\u00eddico y constitucional profundo, pero no deber\u00eda descartarse sin examinar sus ventajas y dificultades.<\/p>\n\n\n\n
Lo que s\u00ed debemos rechazar es cualquier estrategia destinada a desalentar deliberadamente la participaci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n\n\n\n
Existe la preocupaci\u00f3n de que determinados actores pol\u00edticos puedan considerar conveniente una participaci\u00f3n electoral reducida. Sin embargo, las afirmaciones sobre una estrategia deliberada para promover la abstenci\u00f3n deben ser debidamente demostradas.<\/p>\n\n\n\n
Lo verdaderamente importante es establecer que ning\u00fan partido debe procurar ventajas mediante el desinter\u00e9s o la ausencia de los electores.<\/p>\n\n\n\n
La legitimidad democr\u00e1tica se fortalece cuando participa una mayor cantidad de ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno, la oposici\u00f3n, la Junta Central Electoral y las organizaciones de la sociedad civil deber\u00edan coincidir en ese prop\u00f3sito.<\/p>\n\n\n\n
EL LAWFARE Y EL PELIGRO DE UTILIZAR LA JUSTICIA PARA CONDICIONAR LAS ALIANZAS POL\u00cdTICAS<\/p>\n\n\n\n
La quinta preocupaci\u00f3n es posiblemente una de las m\u00e1s delicadas, porque involucra la independencia del sistema judicial y sus posibles repercusiones sobre la competencia electoral.<\/p>\n\n\n\n
Me refiero al fen\u00f3meno conocido internacionalmente como lawfare, expresi\u00f3n utilizada para describir situaciones en las cuales los mecanismos judiciales son presuntamente instrumentalizados con objetivos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n
En la Rep\u00fablica Dominicana existen procesos judiciales contra antiguos funcionarios del Gobierno encabezado por Danilo Medina, entre ellos importantes dirigentes del Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los casos que mayor atenci\u00f3n p\u00fablica ha generado es el relacionado con el exministro Gonzalo Castillo. Sus procesos y las actuaciones posteriores de las partes han generado interpretaciones pol\u00edticas contrapuestas, incluyendo denuncias de persecuci\u00f3n que corresponde distinguir de los hechos jur\u00eddicamente demostrados.<\/p>\n\n\n\n
Conviene precisar que nadie debe estar por encima de la ley.<\/p>\n\n\n\n
Si un funcionario p\u00fablico ha cometido actos de corrupci\u00f3n, corresponde a los organismos competentes investigarlo y, cuando existan pruebas suficientes, someterlo a la justicia con todas las garant\u00edas del debido proceso.<\/p>\n\n\n\n
Pero esa misma justicia debe mantenerse absolutamente independiente de los intereses electorales del Gobierno y de cualquier otra fuerza pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
No ser\u00eda aceptable que los expedientes judiciales, las medidas cautelares o las reclamaciones patrimoniales pudieran utilizarse como instrumentos de presi\u00f3n para condicionar las decisiones pol\u00edticas de dirigentes opositores.<\/p>\n\n\n\n
Esta preocupaci\u00f3n adquiere especial relevancia cuando examinamos las posibles alianzas electorales de cara al a\u00f1o 2028.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n del PLD de participar individualmente, establecer acuerdos con otras organizaciones opositoras o concertar alianzas con cualquier fuerza pol\u00edtica debe corresponder exclusivamente a sus organismos de direcci\u00f3n y a sus militantes, conforme a sus estatutos y a la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n\n\n\n
No puede estar condicionada por presiones externas de naturaleza judicial, econ\u00f3mica o institucional.<\/p>\n\n\n\n
En determinados c\u00edrculos pol\u00edticos se discuten diferentes escenarios de alianzas entre el PRM y el PLD, as\u00ed como las posibilidades de entendimiento entre distintas organizaciones opositoras.<\/p>\n\n\n\n
Es leg\u00edtimo que esas conversaciones existan.<\/p>\n\n\n\n
Lo que ser\u00eda profundamente preocupante es que se pretendiera influir sobre tales decisiones mediante el uso indebido de instituciones del Estado.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n debe examinarse el efecto que tendr\u00eda una eventual fragmentaci\u00f3n de las candidaturas opositoras, particularmente en las elecciones municipales.<\/p>\n\n\n\n
Cuando varias organizaciones presentan candidaturas separadas frente a una candidatura unificada, se modifica la distribuci\u00f3n del voto y pueden producirse resultados diferentes de los que surgir\u00edan mediante acuerdos electorales.<\/p>\n\n\n\n
Ese es un fen\u00f3meno propio de la competencia pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, las alianzas deben surgir de decisiones libres y leg\u00edtimas, nunca de presiones institucionales.<\/p>\n\n\n\n
La independencia judicial constituye una garant\u00eda tanto para el oficialismo como para la oposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Hoy puede encontrarse un partido en el Gobierno y ma\u00f1ana en la oposici\u00f3n. Por eso resulta peligroso aceptar pr\u00e1cticas que eventualmente puedan ser utilizadas contra cualquier organizaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
LA DEMOCRACIA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA COMPETENCIA CON VENTAJAS INSTITUCIONALES<\/p>\n\n\n\n
He querido exponer estas cinco preocupaciones porque considero que todav\u00eda estamos a tiempo de prevenir situaciones que puedan comprometer la credibilidad del proceso electoral de 2028.<\/p>\n\n\n\n
La reducci\u00f3n del financiamiento p\u00fablico, las modificaciones inoportunas de las reglas electorales, el clientelismo pol\u00edtico, los obst\u00e1culos a la participaci\u00f3n ciudadana y la posible instrumentalizaci\u00f3n de la justicia constituyen riesgos que deben examinarse con seriedad.<\/p>\n\n\n\n
No afirmo que todas las conductas denunciadas est\u00e9n judicialmente demostradas ni que todas las iniciativas gubernamentales respondan necesariamente a prop\u00f3sitos electorales.<\/p>\n\n\n\n
Pero precisamente porque estamos ante asuntos de tanta trascendencia, corresponde exigir transparencia, explicaciones institucionales y garant\u00edas verificables.<\/p>\n\n\n\n
El oficialismo tiene derecho a procurar leg\u00edtimamente su permanencia en el poder.<\/p>\n\n\n\n
La oposici\u00f3n tiene exactamente el mismo derecho a organizarse, establecer alianzas, presentar candidaturas y procurar democr\u00e1ticamente sustituirlo.<\/p>\n\n\n\n
Lo que ninguno tiene derecho a hacer es utilizar indebidamente los instrumentos del Estado para alterar las condiciones de competencia.<\/p>\n\n\n\n
La Junta Central Electoral debe contar con los recursos y la independencia necesarios para ejercer plenamente sus atribuciones.<\/p>\n\n\n\n
El Congreso Nacional debe actuar con responsabilidad al aprobar el presupuesto y al considerar cualquier modificaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n electoral.<\/p>\n\n\n\n
El Poder Judicial y el Ministerio P\u00fablico deben garantizar que sus actuaciones respondan exclusivamente a la Constituci\u00f3n, las leyes y las pruebas disponibles.<\/p>\n\n\n\n
Y el Gobierno debe comprender que su responsabilidad institucional trasciende los intereses del partido que lo llev\u00f3 al poder.<\/p>\n\n\n\n
Las elecciones de 2028 no deben convertirse en una confrontaci\u00f3n donde unos dispongan de todas las ventajas y otros tengan que luchar contra obst\u00e1culos econ\u00f3micos, administrativos o institucionales.<\/p>\n\n\n\n
Nuestro pa\u00eds ha recorrido un largo camino para construir su democracia.<\/p>\n\n\n\n
Muchos dominicanos sacrificaron sus vidas, sus libertades y sus patrimonios para que hoy podamos elegir a nuestros gobernantes mediante el voto popular.<\/p>\n\n\n\n
Entre ellos estuvo Jos\u00e9 Francisco Pe\u00f1a G\u00f3mez, quien dedic\u00f3 su existencia a luchar por una democracia participativa, pluralista y sustentada en el respeto a la voluntad del pueblo.<\/p>\n\n\n\n
Ese legado nos obliga a mantenernos vigilantes.<\/p>\n\n\n\n
No debemos esperar a que llegue el d\u00eda de las elecciones para denunciar las desigualdades que pudieron haberse desarrollado durante los a\u00f1os anteriores.<\/p>\n\n\n\n
La equidad electoral se construye mucho antes de abrirse los colegios electorales.<\/p>\n\n\n\n
Se construye cuando se respetan las leyes, cuando se garantiza el financiamiento leg\u00edtimo de los partidos, cuando se protege la independencia judicial, cuando los programas sociales llegan a quienes verdaderamente los necesitan y cuando se facilita que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio.<\/p>\n\n\n\n
Por eso considero indispensable que estas cinco preocupaciones sean objeto de un debate nacional serio, responsable y oportuno.<\/p>\n\n\n\n
No se trata de defender exclusivamente los intereses de la oposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Se trata de defender las condiciones que hacen posible una verdadera democracia.<\/p>\n\n\n\n
Porque una elecci\u00f3n puede ser legal en sus procedimientos y, sin embargo, resultar profundamente cuestionada si las condiciones de participaci\u00f3n no han sido equitativas.<\/p>\n\n\n\n
Y cuando se pierde la confianza en la igualdad de las reglas democr\u00e1ticas, no pierde solamente la oposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Pierde la democracia dominicana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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