El Tribunal Supremo considera que la ministra vulneró el derecho al honor de Rafael Marcos a pesar de haber sido absuelto por la justicia.
LA VANGUARDIA
CARLOTA GUINDAL
El Tribunal Supremo ha condenado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pagar 18.000 euros al exmarido de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, que fue indultada por el Gobierno, por acusarle de “maltratador”, a pesar de haber sido absuelto por la justicia.
Rafael Marcos decidió seguir adelante con la demanda después de que Montero se negara a acudir a un acto de conciliación.
La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha estimado en parte la demanda al haber apreciado la vulneración del derecho al honor del demandante, como consecuencia de las palabras pronunciadas, el 25 de mayo de 2022, en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, y la publicidad dada a aquellas en su cuenta de la red social Twitter.
La condena a abonar al demandante 18.000 euros y a dar difusión a la sentencia. En su fundamentación, el Tribunal Supremo declara que el honor es un derecho fundamental que protege frente a atentados en la reputación personal, la cual se ve afectada cuando se atribuye a una persona conductas merecedoras del máximo reproche social.
La Sala aprecia la existencia de vulneración del derecho al honor y rechaza los argumentos de Montero de que se encuentre amparada por la “inviolabilidad parlamentaria” así como que las expresiones no identificasen concretamente al demandante.
En el conflicto entre el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho al honor, la Sala considera que atenta contra la reputación personal atribuir infundadamente a una persona la condición de maltratadora.
En cuanto a la libertad de expresión, si bien la misma ampara opiniones o juicios subjetivos que, como tales, quedan al margen de la demostración fáctica, ello no significa que no deba contar con unos hechos que le sirvan de fundamento.
Para la Sala, prima el derecho al honor cuando se emplean frases y expresiones “ultrajantes u ofensivas”, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, innecesarias a este propósito, dado que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto.
En el caso concreto, no existiendo ninguna resolución judicial que permita concluir que el exmarido de Sevilla sea autor de episodios de violencia de género o doméstica, ni autor de abusos sexuales en la persona de su hijo, la atribución de hechos de aquella naturaleza carece de cualquier base fáctica objetiva que permita sostenerlos con el mínimo rigor exigible.
“Las expresiones que se juzgan no son genéricas, sino que del contexto y de su literalidad cabe deducir que se hace alusión al demandante y que se le atribuyen hechos constitutivos de violencia machista”, recoge la sentencia.
La razón manifestada del indulto parcial a la expareja del demandante es ser una madre protectora que defiende a su hijo de la violencia machista, por lo que se le atribuyen al padre de su hijo episodios de violencia de tal clase.
Sin embargo, el indulto proviene del delito de sustracción de menores cometido por aquella, sin conexión exteriorizada con la violencia de género, alegándose genéricas razones de “justicia y equidad”.
Además, advierten los magistrados que las palabras de Montero han sido debidamente preparadas, no son fruto de la precipitación o inmediatez propias de la contestación a una pregunta que no admite demora y, además, son incorporadas a una página de una red social de la que es titular la ministra.
“Esta no podía desconocer que los destinatarios asociarían a la indultada con la condición de víctima de violencia de género. La apreciación de la vulneración del derecho al honor del demandante determina la condena de la demandada a abonar una indemnización por daño moral que la Sala Primera fija prudencialmente en 18.000 euros”.