Santo Domingo.-Por delitos tributarios como la no emisión de facturas con comprobante fiscal, fueron clausurados cinco establecimientos comerciales de propiedad de asiáticos en la Capital, los cuales habían sido multados previamente.
El cierre de los comercios importadores fue realizado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), mediante extensos operativos de inteligencia en las zonas de negocios del Distrito Nacional y Santiago por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.
Y es que desde hace un tiempo los comerciantes dominicanos vienen denunciado lo que ellos llaman como “competencia desleal” frente a los establecimientos asiáticos, en su mayoría chinos, y habían citado algunos de los problemas que ahora encontraron las autoridades como lo es el cobro en efectivo y no entregar comprobante fiscal.
De hecho, este medio publicó una serie de reportajes en los que se quejaban de la rápida expansión que han tenido estos comercios en todo el país, según ellos, sin regulación.
Lo que encontraron
Al analizar informes de inteligencia financiera, las unidades encargadas de combatir el delito tributario por parte de estas dos instituciones detectaron prácticas contrarias a la ley.
Entre estas se encuentran la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.
Ocultaron información
Es así como las compañías Long Xin, Zina Import, Repuestos By Zang & Lau, Importadora Fuhao 2028 y Business Manila & M, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4,000 millones de pesos, y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos, lo que resulta en desmedro del Estado.
Asimismo, se determinó que los comercios presentaban giros bancarios hasta en más de un 90 % superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado y un alto flujo de ventas en efectivo cuyos reportes, también, fueron omitidos.
Las acciones se ejecutaron por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA.