BOGOTÁ (AP) — A 14 se elevó el número de personas fallecidas y 38 las heridas tras un ataque con un artefacto explosivo que detonó el sábado al paso de bus en una carretera del suroeste de Colombia, en medio de una escalada de violencia en las últimas horas en esa zona del país, informaron las autoridades.

Inicialmente, el Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, comunicó en su cuenta de X que el artefacto fue activado en la vía Panamericana en el sector de El Túnel en Cajibío, con un saldo preliminar de “siete civiles muertos y más de 17 heridos”. Por la noche, el gobernador actualizó la cifra a 14 muertos.

Entre los heridos se encuentran cinco son menores de edad, añadió Guzmán.

En rueda de prensa, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Armadas, calificó al hecho como una “acción terrorista” que adjudicó a las estructuras de alias “ Iván Mordisco ” —uno de los más buscados de Colombia— y de la facción Jaime Martínez, de las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016.

Precisó que al menos 15 vehículos fueron afectados por la explosión.

“Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, escribió el presidente Gustavo Petro, en su primera reacción tras el atentado.

Añadió que se dispondrá a “los mejores soldados para enfrentarlos” y pidió a la unidad de análisis financiero colombiana actuar sobre sus finanzas.

El ejército colombiano informó en X que realiza sobrevuelos y acciones de control para verificar la posible presencia de otros artefactos explosivos en esos departamentos.

La potente explosión dejó una escena trágica en el lugar, donde en medio de los hierros retorcidos de los vehículos y sobre el pavimento fracturado se observaban los cuerpos de las victimas.

Los heridos fueron trasladados por ambulancias a diversos hospitales para ser atendidos, reportaron las autoridades.

Una ola de condena y rechazo ha levantado la violenta jornada, mientras la Defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a los grupos armados que operan en la zona “cesar de inmediato” los ataques.

A través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ONU condenó las acciones armadas en contra de la población civil que, enfatizó, están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario. Instó a las autoridades competentes a investigar los hechos y “garantizar justicia para las víctimas”.

La Comunidad Andina de Naciones se sumó a la condena.

Al menos 26 hechos “criminales” se han presentado durante los dos últimos días en esa región —disputada por grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico— que “solamente han afectado a nuestra población civil”, reportó el general López.

La víspera dos vehículos acondicionados con explosivos detonaron cerca de unidades militares, uno en la capital vallecaucana Cali y otro en la aledaña Palmira, causando daños materiales.

El sábado se reportó un ataque con disparos a una estación policial en una zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca, la neutralización de tres drones acondicionados con explosivos en El Tambo, departamento aledaño del Cauca, y el ataque a un radar de Aeronáutica Civil en la misma zona. Ninguno de estos eventos dejó heridos.

La escalada de violencia en esa área del país andino movilizó a altos mandos liderados por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien junto a gobernadores y autoridades mantuvieron un consejo de Seguridad en Popayán.

“Los criminales buscan generar temor, pero respondemos con firmeza”, escribió previamente en X el ministro Sánchez, mientras la gobernadora del Valle del Cauca, Francisca Toro solicitó reforzar la presencia de la fuerza pública, labores de inteligencia y “acciones contundentes” contra el crimen ante la “escala terrorista”, señaló en un mensaje de esa red social.

La región del Cauca y Valle del Cauca constituye un punto clave para las economías ilícitas de grupos armados ilegales que disputan el control de la ruta de acceso marítimo y fluvial hacia el puerto de Buenaventura por donde trafican droga hacia Centroamérica y Europa, según las autoridades.

El gobierno ofrece una recompensa de 4.500 millones de pesos (más de un millón de dólares) por información que permita la captura de alias “Marlon”, subordinado de Mordisco y , quien es señalado como cabecilla de las disidencias en esa región.