SANTO DOMINGO.=Complacer la solicitud de EEUU de derogar el Decreto 693-24 amenaza la más importante producción agrícola del país: la arrocera.

La petición revela que no nos preparamos para la apertura total del mercado establecida en el DR-CAFTA.

Tuvimos 20 años para modernizar riego, reducir costos, renovar variedades y mejorar competitividad, pero no se hizo.

Esa responsabilidad es del Estado y sucesivas administraciones, no de los productores.

EEUU busca ampliar acceso de su arroz bajo condiciones del acuerdo, compitiendo con agricultura altamente tecnificada, mayor escala y apoyos estatales. No sería competencia entre iguales.

La eliminación de la protección arancelaria comprometería a unos 30,000 productores, 1.3 a 1.5 millones de tareas, 14.8 millones de quintales y una cadena de más de RD$45,000 millones anuales.

Es la principal producción agrícola, fuente de empleos e ingresos rurales.

Una apertura repentina reduciría precios al productor, acumularía cosechas, aumentaría deudas y cerraría factorías, perdiendo autosuficiencia.

Algunos argumentan baja de precios al consumidor, pero no hay garantía de que el beneficio llegue a familias por márgenes de almacenamiento, procesamiento y distribución.

El productor podría destruirse sin beneficio permanente para consumidores.

Una vez debilitada la producción nacional, quedaríamos expuestos a alzas internacionales, crisis logísticas y climáticas.

El arroz es alimentación, empleo, estabilidad social y seguridad nacional.

El Gobierno no debe derogar el Decreto 693-24 sin medidas alternativas, convocar una gran mesa nacional del arroz con productores, factorías, Banco Agrícola y universidades, hacer estudio independiente de impacto y negociar transición con salvaguardias.

Propone un Programa Nacional de Competitividad Arrocera, afirmó Tito Hernández, presidente de ANPA.