POR MATTHEW LEE

WASHINGTON (AP) — La administración Trump está revocando las visas de 27 funcionarios latinoamericanos, exfuncionarios y sus familiares, incluido el fiscal general de Bolivia, por acusaciones de corrupción.

Los funcionarios y sus familiares provienen de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú —todos países con líderes de tendencia derechista afines al presidente Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú este mes, y prometió el apoyo de Estados Unidos a sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y la trata de personas.

Esos líderes se han quejado de que muchos de los afectados por las revocaciones de visas estaban obstaculizando sus esfuerzos para combatir el crimen.

El Departamento de Estado anunció las revocaciones el lunes “para cumplir los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico”.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, dice el comunicado.

La administración Trump presenta las revocaciones como parte de sus esfuerzos más amplios para endurecer las medidas contra la corrupción, en particular la relacionada con el comercio de narcóticos y la migración ilegal, por parte de miembros del “Escudo de las Américas” que Trump creó este año.

El Departamento de Estado ha estado negando permisos para viajar a Estados Unidos como una forma de frenar la inmigración o como herramienta de presión contra algunos gobiernos, desde prohibiciones a funcionarios sudafricanos acusados de discriminar a personas blancas hasta la negativa a emitir visas a la delegación palestina para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Entre los 27 señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 fiscales y jueces bolivianos, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan.

También se ven afectados dos colombianos —un magnate empresarial y un legislador—, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.

Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer”, dice el comunicado.

En Bolivia, Mariaca rechazó que se le haya revocado su visa, exigió respeto a la soberanía y aseguró que continuará con la investigación de casos que han generado “incomodidad”, citando el del consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien fue asesor de campaña del presidente Rodrigo Paz y del mandatario Argentino Javier Milei.

“Este fiscal general no está para agradar a personas, grupos económicos, ni dirigentes políticos. Está para cumplir la Constitución, la ley y su responsabilidad con todos los ciudadanos bolivianos”, indicó en un mensaje difundido por los medios.

Mariaca, acompañado de varios fiscales, aseguró que no puede aceptar que su trabajo “sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”.

“No puedo permitir que mi carrera, mi trayectoria y mi imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes”, agregó.

Mientras tanto, los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, respectivamente, pidieron que Mariaca se aparte de sus funciones mientras se investigan las acusaciones en su contra.

Ninguno de esos órganos puede destituirlo por decisión propia, pero el Legislativo puede procesarlo mediante un juicio de responsabilidades.

Además, solicitaron información a Estados Unidos, mediante la Cancillería, sobre los señalamientos al fiscal general.

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La periodista de The Associated Press en Bolivia, Paola Flores, contribuyó con este reporte.